La caída de la compañía Spanair hace unos días, una más de las miles de empresas arrastradas por la crisis económica, ha desatado un agrio debate sobre las subvenciones públicas al sector privado.
¿Debe una compañía aérea ser subvencionada por el gobierno central o por las CCAA? En general, la mayoría de españoles diría que no, máxime en tiempos de crisis y recortes en temas esenciales.
Spanair, sostenida in extremis bastante tiempo gracias al dinero de la Generalitat de Cataluña no es un caso aislado en el panorama aéreo español.
Ryanair, aparte de incumplir reiteradamente la legislación española, recibe dinero de diversas CCAA para atraer turismo y facilitar la salida de los locales.
En el caso de España solo se entiende que se compense con billetes semi-subvencionados a los habitantes de las islas, equilibrando así la desventaja comparativa del aislamiento geográfico.
¿No tiene más lógica un solo aeropuerto en Galicia, sin vuelos subvencionados, y un tren rápido para conectar con el resto de España?
Hay muchas incógnitas en el nuevo modelo de gestión aeroportuario que la ministra de Fomento tiene ante sí encima de la mesa. España es una potencia turística, podemos serlo siempre, pero primero hay que asumirlo, aprovecharlo y tomar medidas para reforzar un sector aéreo que no levanta cabeza en los últimos años.
Volviendo al tema de las subvenciones, todos opinamos, como en los juicios mediáticos, a favor y en contra del imputado, en este caso la subvención en sí. Al cine sí, al cine no, a la ciencia sí, no a los bancos pero sí a las asociaciones de Memoria Histórica, bla, bla, bla. La lista es infinita, subvencionamos muchas más cosas de las que pensamos, y los ciudadanos tenemos el derecho y las ganas de saber como se reparte el dinero que entre todos aportamos al estado silenciosamente, mes a mes.
IRPF, IVA, IBI, Tasa de Basuras, Impuesto de Circulación, Aparcamiento Regulado, tasas y más tasas que se nutren de nuestra entrega pacífica o forzosa y que no siempre acaban en las manos adecuadas ni en los proyectos prioritarios.
Debería crearse, no me consta que la haya, una página web oficial donde figuren, una por una todas las subvenciones que otorgan todas las Administraciones Públicas para que la transparencia disipe suspicacias y polémicas, o tal vez, por el contrario, las genere.
No basta con votar cada cuatro años al partido de turno, pagar como corderos nuestras obligaciones fiscales y no disponer de mecanismos de supervisión como ciudadano.
Incluir casillas en la Declaración de la Renta para que decidamos los contribuyentes sería muy de agradecer como primer paso.
¿Es posible vivir en 2012 sin subvenciones públicas? No lo parece, el sistema está muy arraigado y bien engrasado, sin embargo, como las malas cepas, a veces toca ser drástico y arrancarlas de raíz para que la nueva cosecha sea más fructífera.
Aguardo ansioso para por beber un vino fiscal menos picado, ¿y ustedes?